Los continuos hostigamientos a las poblaciones del Departamento del Cauca, especialmente a Toribío y Caloto, más en estos días cuando han sido sin tregua contra la población.

La impotencia de la comunidad indígena de estos poblados, ha llevado a que se rebelen contra el Estado, contra la Fuerza Pública que busca defender y recuperar estos territorios hostigados por los terroristas, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta que las etnias gozan de unos derechos ancestrales sobre estas tierras y conciben el uso de la fuerza y del Gobierno sobre sus territorios, de una forma distinta a la institucionalidad del Estado. En medio de su impotencia, toda ella justificada, los gobernadores indígenas exigen una desmilitarización, porque en su buena fe consideran que con sus métodos pueden expulsar a la guerrilla y con ello, no seguir en medio del conflicto armado.

Es difícil cuestionar este modo de pensamiento de quienes son las víctimas directas de estos ataques, pero también, resulta imposible atender este tipo de demandas, cuando los soldados colombianos también han perdido sus vidas defendiendo la vida y seguridad de los pueblos del Cauca.

Tanta es la zozobra, que la población encuentra en las fuerzas del Estado a un enemigo más, cuando el único actor armado legítimo, instituido sólo para defenderlos es la Fuerza Pública. El Estado tiene un gran desafío, desde todos los frentes no sólo con la Fuerza Pública, para demostrar que los terroristas pueden ser vencidos y la tranquilidad puede retornar a estas tierras, no es expulsando al Estado como se resolverá el conflicto, pues sólo una estrategia mancomunada que comporte la presencia de las instituciones, la posibilidad de una salida negociada gracias al marco jurídico para la paz, las desmovilizaciones y, la inversión social que demandan estos territorios, harán de esta poblaciones, nuevamente, territorios de paz.